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Salario mínimo 2026: Suspensión del salario mínimo en Colombia
- Leidy Gutiérrez
- hace 4 minutos
- 5 Min. de lectura
El Consejo de Estado sorprendió al país este viernes al ordenar la suspensión provisional del decreto que aumentaba el salario mínimo para 2026, una decisión que altera la hoja de ruta económica y laboral que venía trazando el Gobierno Colombiano del presidente Gustavo Petro para este año. La medida se produce después de que el tribunal estudiará múltiples demandas en contra del decreto que fijó un aumento del 23% en el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) para 2026, una de las alzas más altas de los últimos años. En Sinergy & Lowells te contamos en qué consiste esta decisión y cuáles fueron las razones que motivaron su suspensión.
¿Qué decidió el Consejo de Estado sobre el salario mínimo 2026?
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del Decreto 1470 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional había fijado el aumento del salario mínimo para el año 2026. La decisión se adoptó luego de analizar varias demandas que cuestionaban la legalidad del decreto, particularmente en lo relacionado con los criterios técnicos utilizados para establecer el incremento del 23%. Según el alto tribunal, de manera preliminar podrían existir inconsistencias en el cumplimiento de los parámetros legales exigidos para la fijación del salario mínimo, como los relacionados con productividad, inflación y concertación.
Es importante aclarar que esta medida no constituye un fallo definitivo sobre la constitucionalidad o legalidad del decreto. Se trata de una medida cautelar, es decir, una decisión preventiva que busca evitar posibles efectos jurídicos o económicos mientras se adelanta el estudio de fondo del proceso. En otras palabras, el Consejo de Estado no anuló el decreto, pero sí ordenó detener temporalmente su aplicación hasta que exista una decisión final. Durante este periodo, el Gobierno deberá revisar la situación y eventualmente emitir un nuevo acto administrativo que se ajuste a los requisitos legales señalados por el tribunal.
¿Cómo funciona la suspensión provisional del decreto del salario mínimo?
La suspensión provisional significa que el decreto del salario mínimo entra en una especie de “pausa legal”. En términos jurídicos, la norma deja de producir efectos mientras el Consejo de Estado estudia de fondo las demandas presentadas en su contra. Esta figura es una medida cautelar contemplada en el derecho administrativo colombiano. Su objetivo es evitar que una norma que podría ser ilegal siga generando efectos económicos y jurídicos mientras se toma una decisión definitiva. No es una anulación, sino una interrupción temporal de su aplicación. En la práctica, esto implica que el Decreto 1470 de 2025 pierde, por ahora, su fuerza obligatoria. Por tanto, las empresas no estarían obligadas a aplicar el incremento del 23 % establecido para 2026 mientras esté vigente la suspensión. Sin embargo, esto abre un escenario de incertidumbre normativa, ya que el Gobierno deberá definir si expide un nuevo decreto ajustado a los requisitos legales o espera el fallo definitivo del tribunal.
También es importante tener en cuenta que el salario mínimo no solo impacta el pago básico mensual de los trabajadores, sino que sirve como referencia para prestaciones sociales, aportes a seguridad social, multas, sanciones y otros valores indexados al SMMLV. Por eso, la suspensión no es un asunto menor y tiene implicaciones directas en la planeación financiera y laboral de miles de empresas en el país.
¿Qué efectos tiene la suspensión del salario mínimo?
La suspensión provisional del decreto implica que el aumento del salario mínimo de 23 % no entra en vigor oficialmente, al menos hasta que el Gobierno emita un nuevo decreto transitorio que cumpla con los requisitos legales y constitucionales señalados por el Consejo de Estado. Esto quiere decir que:
Por ahora sigue vigente el salario mínimo de 2026, fijado en el Decreto 1469 de 2025.
El Ejecutivo tiene un plazo (generalmente ocho días) para expedir un decreto transitorio en el que determine el porcentaje y el valor que regirá temporalmente.
La suspensión no es un fallo definitivo sobre la legalidad del aumento, sino una medida cautelar que se mantendrá hasta que se establezca una decisión de fondo sobre el caso.
¿Por qué se produjo la suspensión del decreto del salario mínimo 2026?
Según los magistrados, el decreto que fijó el salario mínimo 2026 carecía de justificación técnica y legal suficiente, debido a que sustituyó criterios tradicionales como la inflación, la productividad y el crecimiento económico por conceptos más recientes como el “salario vital”, sin soportes técnicos sólidos que cumplan con los parámetros normativos exigidos. Existe además un conjunto de demanda judiciales presentadas por diferentes sectores, que cuestionan específicamente que no se hayan observado los criterios tradicionales de concertación con sindicatos y empleadores, y que el ajuste pueda afectar dinámicas económicas más amplias.
¿Los empleados deben devolver lo que ya les pagaron?
En principio, no. Si las empresas ya realizaron pagos aplicando el aumento del salario mínimo antes de la suspensión provisional, esos valores no tendrían que ser devueltos por los trabajadores. Esto se debe a que los pagos laborales realizados bajo la vigencia de un acto administrativo que estaba formalmente en firme se consideran hechos de buena fe. Mientras el decreto estuvo produciendo efectos jurídicos, su aplicación era obligatoria, por lo que los salarios pagados bajo esa norma no se consideran indebidos. Además, en materia laboral opera el principio de favorabilidad y de protección al trabajador, lo que dificulta que se puedan exigir devoluciones sobre sumas ya pagadas como salario.
Sin embargo, el escenario cambia hacia adelante. A partir de la suspensión provisional, las empresas deberán ajustar su liquidación de nómina conforme a lo que determine el Gobierno o el Consejo de Estado en los próximos días. Si eventualmente el decreto fuera declarado nulo de manera definitiva, la discusión jurídica podría centrarse en los efectos hacia el futuro, no necesariamente en lo ya pagado.
Reacciones del Gobierno y actores sociales
La decisión del Consejo de Estado provocó diversas reacciones en el ámbito político y social:
El Presidente de la República afirmó su respeto por la decisión del tribunal, aunque defendió el concepto de salario vital como parte de su política económica y social.
El Ministro de Trabajo calificó la suspensión como una “decisión contradictoria” y sostuvo que los criterios utilizados en el decreto original respondían a la intención de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
Los sectores empresariales señalaron que la medida obliga a revisar cómo se impacta la estructura de costos laborales y competitividad, especialmente en el entorno económico actual.
Software de nómina
La suspensión del salario mínimo 2026 por parte del Consejo de Estado ha generado un efecto inmediato de incertidumbre tanto entre trabajadores como entre empleadores y gestores de recursos humanos. Esta decisión pone en evidencia la importancia de que las medidas salariales se soporten en criterios técnicos y jurídicos sólidos, evitando vacíos normativos que puedan alterar la estabilidad económica y la planeación empresarial. Para las empresas y especialmente para las áreas de recursos Humanos, contabilidad y nómina, este tipo de cambios regulatorios representan un reto operativo significativo. Cualquier variación en el salario mínimo impacta directamente la liquidación de nómina, prestaciones sociales, aportes a seguridad social, provisiones contables, presupuestos y proyecciones financieras. Un ajuste tardío o incorrecto puede generar contingencias legales, sanciones o reprocesos administrativos que afectan la eficiencia organizacional. En este contexto, contar con herramientas tecnológicas flexibles y actualizadas deja de ser una ventaja y se convierte en una necesidad estratégica. El software de nómina de Sinergy & Lowells está diseñado para adaptarse de manera inmediata a cualquier cambio normativo, permitiendo actualizar parámetros legales, recalcular conceptos y ajustar liquidaciones sin afectar la continuidad operativa de la empresa.